Izquierda Unida plantea que el gobierno municipal está permitiendo que la multinacional concesionaria reconduzca la plica de aguas para el próximo contrato, actuando así por encima de sus obligaciones contractuales para su beneficio empresarial, rompiendo la Ley y los procedimientos de adjudicación de contratos del Sector Público.
Por este motivo, IU-La Isla trasladará este asunto al Defensor del Pueblo Andaluz sin descartar otras vías que aclaren la legalidad de este asunto que afecta al Plan de contingencia sobre la sequía y el cambio climático anunciado por la Alcaldesa.
Izquierda Unida recuerda que dicho contrato está en prórroga, pues venció en agosto del 2019. IU- La Isla solicitó que se realizase una auditoría de la gestión y de las cuentas de dicho contrato que abarcaba un periodo de 25 años, pero nadie de la Corporación exigió fiscalización alguna y permitieron la prórroga del contrato sin analizar el periodo anterior.
A pesar del cobro a la máxima tarifa durante todo el contrato, desde que comenzó la prórroga y se dio comienzo al desarrollo de la nueva plica, han sido varias las iniciativas de la concesionaria para tomar protagonismo sustituyendo al propio Delegado responsable de Medio Ambiente Ignacio Bermejo, e incluso insinuando las medidas que deberían incluirse en las cláusulas del nuevo contrato.
“Cuestionamos la garantía pública medioambiental, sin contar el interés económico, que puede ofrecer la actual concesionaria frente al cambio climático y el plan de sequía. Si realmente es una de las conclusiones que sacó Claudia Márquez cuando fue con los gastos pagados a la Cumbre del Clima en Madrid”, pregunta Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU-La Isla y del Núcleo Comunista Pepe Casado.
Por ello, Izquierda Unida llevará este tema al Defensor del Pueblo Andaluz para aclarar dicha situación, entendiendo que la concesionaria está marcando el camino de la nueva plica, y por tanto, sustituyendo al Delegado de Gobierno local Ignacio Bermejo. Si las dudas se confirmaran, IU-La Isla no descarta realizar la pertinente denuncia ante la Justicia.
“Tenemos que recordar que, en los noventa, hubo un plan de sequía que obligó a la ciudadanía a pagar a la empresa las pérdidas de aquel periodo. Es necesario evitar que se repita un escenario parecido, en el que el pueblo paga y sufre las consecuencias (en aquella ocasión fueron los cortes de suministro) mientras la concesionaria sigue ganando dinero”, sentencia Alías.