post

Han pasado ya los cincuenta días de confinamiento y, por respeto a la democracia, Izquierda Unida solicita un informe público sobre el trabajo realizado por las diferentes áreas del Ayuntamiento así como del desarrollado por la oposición. La ciudadanía merece conocer el destino de las asignaciones y salarios públicos de los representantes públicos durante este periodo en el que la Alcaldesa suspende, por segunda vez y sin justificación, la celebración de un Pleno Ordinario.

IU-La Isla solicita este ejercicio de responsabilidad y transparencia que debe liderar Patricia Cavada presentando un informe de gestión del trabajo realizado durante este periodo por el gobierno local. Sin la realización de los plenos, ¿cómo justifican los salarios y las asignaciones?

Ante la situación económica que está padeciendo en la ciudad, y conociendo los salarios y asignaciones que maneja la corporación local, es de responsabilidad pública informar del trabajo realizado por dichas formaciones políticas representadas en el pleno municipal.

¿Dónde han estado este mes los concejales de Ciudadanos con 3.527 euros de sueldo y los demás miembros del gobierno local, asesores incluidos? ¿Han elaborado algún plan desde Juventud, Fiestas o Mujer, o se ha realizado algún trabajo concreto desde el Área de Urbanismo y Medio ambiente? ¿Cómo justifican los salarios y las asignaciones los grupos políticos en este periodo de inactividad? ¿Por qué ninguno de estos grupos ha mostrado, como mínimo, algún gesto en este sentido?”, pregunta Gonzalo Alías, Coordinador Local de Izquierda Unida y del Núcleo Comunista “Pepe Casado”.

No se puede cobrar 3.527 euros al mes, como Loaiza o Romero, por publicar notas de prensa. La ciudadanía tiene el derecho a conocer dónde está la productividad de esos salarios en este periodo de inactividad”, asegura Gonzalo Alías.

Izquierda Unida también considera obligado conocer la justificación de la suspensión del pleno del mes de abril, cuando ya en la provincia hay municipios que los están celebrando telemáticamente; y, sobre todo, porque la celebración de plenos telemáticos es la norma en las ciudades de más de 50.000 habitantes (véase el ejemplo de Zamora, por ejemplo).