Izquierda Unida solicita la adhesión de La Isla a la “Red de municipios libres de trata y prostitución”

El próximo 25 de noviembre, el planeta conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Este día recuerda el encarcelamiento, la tortura y el asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal durante la dictadura dominicana de Trujillo. No obstante, la execrable violencia de este títere estadounidense no ha sido la última de las torturas que han padecido y padecen las mujeres en el mundo ni, centrándonos en lo local, en La Isla.

La pandemia del COVID-19 ha puesto sobre la mesa las condiciones en las que se encuentran mujeres y menores en situación de prostitución, que son las víctimas más invisibles de la violencia machista. Ante esta situación, Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU y del Núcleo Comunista “Pepe Casado”, indica que “decimos que son invisibles no porque no se sepa dónde están, sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el paraguas de la prostitución. En los primeros momentos de la pandemia, una vez decretado el estado de alarma, se cerraron los prostíbulos y se puso en marcha un Plan de Contingencia elaborado por el Ministerio de Igualdad y coordinado con las Comunidades Autónomas para ofrecer recursos y alternativas a las mujeres en prostitución. No obstante, no todas las medidas se han puesto en marcha: los pisos en La Isla y en otras ciudades proliferan sin que las autoridades intervengan, pudiendo actuar de oficio, e incluso hay lugares donde la fiscalía no reconoce las situaciones de trata y le está denegando el reconocimiento a mujeres que denuncian a sus explotadores”.

Alías explica que “la prostitución es un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres -migrantes y nativas, para las que la regulación no es una solución- y en la demanda masculina, creciente durante la pandemia, de cuerpos de mujeres para su consumo. Y es que cuando defendemos que la regulación de la prostitución no es una solución, queremos insistir en que la prostitución es una forma de explotación que debe ser abolida, una forma de violencia machista extrema: lo que las mujeres prostituidas tienen que soportar corresponde en otros discursos al abuso sexual y a la violencia reiterada”.

La regulación de la prostitución, en palabras de Alías, “legitima las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, donde las mujeres son dominadas y se subordinan a los hombres, lo que anula la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad. Legitimar la prostitución, la convierte en un soporte de control patriarcal y de sujeción sexual de las mujeres, con un efecto negativo no solamente sobre las mujeres y las niñas en situación de prostitución, sino sobre las mujeres como grupo, ya que la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres: estar al servicio sexual de los hombres

Otro de los aspectos que enumera Alías es que “si regulamos la prostitución y la integramos en la economía de mercado, estamos diciendo que es una alternativa aceptable para las mujeres y, por tanto, de serlo, no sería necesario remover las causas, ni las condiciones sociales que posibilitan y determinan a las mujeres a ser prostituidas. A través de este proceso, se refuerza la normalización de la prostitución como una ‘opción para las pobres’”.

Regular la prostitución tiene también consecuencias en la educación de las y los menores, socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados: por un lado, a las niñas, en que ellas como mujeres, han de estar al servicio de los hombres, mientras que por otro, a los niños, en que ellos como hombres podrán pagar o conseguir dinero por usar el cuerpo de las mujeres; es decir, que podrán ser puteros o proxenetas sin pensar que están reduciendo a las mujeres a objetos para su servicio. Si se regula la prostitución, educar en la igualdad en nuestras ciudades va a ser imposible”, desarrolla Alías.

El Coordinador en La Isla de Izquierda Unida avala que “compartimos y defendemos claramente la ambiciosa postura del movimiento abolicionista: ir a la raíz de un problema que afecta a los derechos humanos, derechos tan esenciales que están fuera de discusión: los de toda persona a no ser abusada ni utilizada sexualmente, ni de forma gratuita ni a cambio de ninguna compensación económica. De ahí que el foco debamos dirigirlo a los puteros, hombres que demandan consumir mujeres, y a los proxenetas, hombres que dirigen dicha demanda. Porque sin demanda, la oferta desaparece”.

A modo de ejemplo, Alías sostiene que “para construir una sociedad en igualdad hemos de centrar las medidas en la erradicación de la demanda a través de la denuncia y penalización del putero y del proxeneta: como modelo, Suecia penaliza a los hombres que compran a mujeres o niños con fines de comercio sexual, con penas de cárcel de hasta 6 meses o multa, porque tipifica este delito como “violencia remunerada”. En ningún caso se dirige contra menores ni mujeres prostituidas, ni pretende su penalización o sanción porque la prostitución es considerada como un aspecto de la violencia masculina contra las mujeres, niñas y niños. Este modelo puede servir para instar al Gobierno central a legislar desde una postura abolicionista. De todos modos, el gobierno de Cavada cuenta más a mano con el caso de Sevilla, que cuenta con una ordenanza municipal para luchar contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual”.

Con todo, Alías señala a los que “dicen que la prostitución siempre ha existido. También las guerras, la tortura, la esclavitud infantil, la muerte de miles de personas por hambre. Pero esto no es prueba de legitimidad ni validez. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución, lo mismo que hemos aprendido a imaginar un mundo sin esclavitud, sin apartheid, sin violencia de género, sin infanticidio ni mutilación de órganos genitales femeninos. Solo así podremos mantener una coherencia entre nuestros discursos de igualdad en la sociedad y en la educación y las prácticas reales que mantenemos y fomentamos”.

El gobierno de La Isla tiene la imprescindible obligación de unirse a la Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución, como ya lo están en nuestra provincia Medina, Conil, Sanlúcar, Rota o Tarifa. Una vez dentro, el compromiso pasa por lanzar una batería de medidas integrales que sostengan a las víctimas. Las vidas de miles de mujeres y menores importan y, cuando no hay posibilidad de elección digna, no se puede hablar de libertad”, concluye Alías.