IU-La Isla pide a la Corporación que exija convertir la SAREB en un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda con mecanismos de cesión a los Ayuntamientos


La creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, popularmente conocida como «banco malo», fue una de las condiciones impuestas en el Memorándum de Entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012.

Así, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), fue creada con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para “limpiar” sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos “improductivos”.

Esto repercutió directamente sobre las cuentas públicas, suponiendo un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros  y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020”, informa Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU y del Núcleo Comunista «Pepe Casado».

SAREB adquirió  inmuebles, créditos y suelo, activos contabilizados en las entidades bancarias nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el “banco malo” por 50.781 millones. A pesar de esa rebaja aparentemente elevada, se traspasaron mucho más caros de lo que realmente valían. La aprobación del Real Decreto-Ley 1/2022, de 18 de enero, deja en evidencia la negligente actuación en la gestión de esta sociedad y la necesidad de modificar la forma de actuar.

Por este motivo, IU-La Isla propone a la Corporación municipal instar al Gobierno central para que promueva una modificación en el articulado de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria.

El objetivo sería, entre otros, la modificación del objeto social de SAREB para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida. Con el fin de poder fiscalizar y controlar adecuadamente la SAREB, la toma de control público incorporaría la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos.

Izquierda Unida solicita una gestión social del parque de viviendas actual de SAREB en La Isla para garantizar el acceso de estas viviendas a la población más vulnerable. «Se estima que podrían alcanzar un precio medio de 100 euros mensuales, oscilando entre niveles inferiores para las personas inquilinas en situación de más vulnerabilidad y 300 euros como máximo«, asegura Alías.

Izquierda Unida destaca la importancia de habilitar los mecanismos legales que posibiliten la suspensión, de forma indefinida, de los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que se encuentren sin alternativa habitacional.

IU-La Isla espera que el gobierno central y la Junta de Andalucía realicen las gestiones pertinentes con la SAREB para que el suelo urbanizable que atesora, (más de 72 millones de metros de suelo en desarrollo) tenga un fin como suelo para vivienda pública destinada a alquiler social.