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En el pleno extraordinario de noviembre, y publicado en el BOP del día 5 del mismo mes, se adoptó la propuesta de modificación de ordenanzas fiscales, en las cuales se incumple de forma reiterada la fiscalización pública propia de las acciones políticas de este equipo de gobierno.

IU-La Isla viene demandando desde hace varios años la obligación de dar cuenta de forma pública de las políticas económicas de los gobiernos municipales desde el punto de la gestión y uso del dinero público.

“El dinero que maneja el gobierno local no es de Patricia Cavada, es del pueblo isleño, y por tanto, está obligada a dar cuenta del uso y del gasto. Debe informar cómo afecta la modificación de las ordenanzas fiscales al erario público”, asegura Gonzalo Alías, Coordinador Local de IU y del Núcleo Comunista “Pepe Casado”.

De la misma manera Izquierda Unida recuerda que la falta de fiscalización lleva al incumplimiento de los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la falta de la presentación del informe técnico-económico que justifique, no la acción y gestión política, sino las formas jurídicas y económicas que justifiquen la propuesta política de modificación de las ordenanzas fiscales a la ciudadanía.

“Patricia Cavada debe de explicar en la propuesta el esfuerzo contable que se produce por la modificación de ingresos y gastos respecto a las ordenanzas fiscales a modificar, así como sus efectos en los presupuestos municipales. Hay que explicar cuánto se deja de ingresar por la propuesta o cuánto se prevé el ingreso para políticas públicas”, señala Gonzalo Alías.

En los mismos términos IU-La Isla informa que se incumple el artículo 20 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, que dice de forma clara: “Memoria económico-financiera. 1. Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta. La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas”.

Debido a la urgencia de la actual situación de nuestra economía ante la pandemia, es necesario y obligado presentar dicho informe, pues se está incurriendo en fraude en cuanto a las formas, según estipula la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.

“Aunque el Gobierno Central exima de lo recogido en los artículos 25 y 26 de dicha Ley sobre lo coercitivo, sigue siendo obligado el artículo 165.4 sobre el déficit inicial”, señala Alías.

Por tanto, IU-La Isla recuerda que estamos en periodo de alegaciones y por ello solicita que de forma pública se presente dicha memoria económico-financiera que no fue expuesta en el pleno extraordinario. De lo contrario, advierte dicha formación “la propuesta podría anularse”.