La licitación del servicio de redacción para el Centro de Interpretación “Camarón de La Isla” abre nuevos interrogantes

Izquierda Unida ha presentado esta mañana un escrito dirigido al Gobierno Municipal en el que traslada consideraciones sobre la convocatoria de licitación para la adjudicación del contrato de servicio de redacción del Proyecto Expositivo del “Centro de Interpretación Camarón de la Isla”. Según Gonzalo Alías, coordinador de IU-La Isla, “hay dos detalles de la licitación que son muy extraños. Quizá haya problemas de justificación administrativa que se necesite agilizar ¿o se trata de cubrir algo que no se confiesa?”

En palabras de Alías, la convocatoria “se hace por el procedimiento de urgencia, con sólo 15 días de plazo para presentar las ofertas, cuando el edificio donde se va a ubicar ni siquiera ha iniciado la construcción. Pero más raro todavía es dar sólo un mes para la presentación del proyecto, que además coincide casi con Navidad y comienzos de año, para diseñar algo que necesita bastante más tiempo si se quiere que esté bien diseñado. Ni se entienden las prisas por contratarlo ya ni es posible que en tan poco tiempo se haga un proyecto serio, menos aun cuando quedan muchos meses, quizá años, hasta que el “contenedor” de la musealización esté disponible. Quizá haya problemas de justificación administrativa que se necesite agilizar ¿o se trata de cubrir algo que no se confiesa?”.

Izquierda Unida entiende que “los plazos expuestos (15 días para presentación de ofertas y sólo 1 mes para realizar el proyecto) no son suficientes. Han tenido que pasar casi cuatro años (desde que el Pleno aprobara el convenio) para disponer algo de información detallada sobre los inventarios, valoraciones y fichas de lo que cedió la familia al Ayuntamiento según el contrato de cesión (que es más bien un arrendamiento), firmado en febrero de 2014, y que se supone va a ser el legado que servirá de base del nuevo centro”.

Tampoco se especifica cómo se ha obtenido el valor de licitación: “La administración no puede estimar valores aleatoriamente. Una entidad privada sí pero la administración no. Se debe justificar mediante cálculos usando las tablas orientativas de honorarios”.

Además, Gonzalo Alías destaca “según el convenio se le pagaba a la familia 2.500 euros (más el 21% de IVA) al mes durante 50 años, y la cifra se incrementa en los impuestos y se revisaba con el IPC anual. En estas condiciones el Ayuntamiento ha debido de pagar ya más de 120.000 euros por unos objetos personales que todavía no están totalmente inventariados, que casi nadie ha visto y sobre los que ni siquiera se ha organizado una pequeña exposición temporal que los diera a conocer”.

En definitiva, un despropósito más en toda lo relacionado con Camarón, sus aniversarios y los edificios ligados a su memoria.