Izquierda Unida propone sumar fuerzas contra la “Ley Mordaza” del Partido Popular

El Coordinador de Izquierda Unida – La Isla, Gonzalo Alías Gurría, registró el pasado viernes una petición para canalizar, desde el Ayuntamiento de San Fernando, la retirada de la conocida como “Ley Mordaza” estatal. De acuerdo con esta ley, las últimas concentraciones y movilizaciones sucedidas en nuestra ciudad podrían ser ilegales, como las manifestaciones de Navantia o la marcha de taxis contra el cierre del CEFOT.

Entre las propuestas de Izquierda Unida en nuestra ciudad, se solicita incluir este tema en el Orden del Día del próximo Pleno. Del mismo modo, busca consensuar un debate entre las fuerzas políticas para elaborar democráticamente un texto que regule la seguridad ciudadana como un problema social y no como medio de represión. También solicita la dimisión del ministro del PP Jorge Fernández Díaz, promotor de esta ley, que incluye las conocidas “devoluciones en caliente” en su articulado.

La “Ley Mordaza” es el nombre por el que se conoce a la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Su texto sólo ha sido aprobado por el Partido Popular, mientras que toda la oposición ha votado en contra. Aunque se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, está en vigor desde el pasado 1 de julio, pudiendo reprimir la protesta que las autoridades estimen. A día de hoy, las infracciones penales tipificadas como faltas pasan a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

La potestad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas -hasta 600.000€ para las infracciones muy graves- y la fijación al reglar conductas habituales en las protestas definen a esta Ley como la “Ley Mordaza”. También legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación, recogidos en la Constitución como derechos fundamentales.

Entre las nuevas figuras sancionables, considera las concentraciones ante los parlamentos, la escalada en fachadas oficiales o los escraches. Sin embargo, en opinión del presidente del Supremo, Gonzalo Moliner, “no es posible decir a priori si un escrache es o no legal”). Así mismo, sanciona las capuchas en manifestaciones, faculta a la policía a establecer “zonas de seguridad” en perímetros urbanos y apunta a impedir tractoradas, marchas de taxistas o de camioneros.

El Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, calificó el proyecto de ley de “altamente problemática”. Nils Muiznieks, responsable de derechos humanos, duda de que “estas restricciones sean necesarias en una sociedad democrática” y cree que se debería velar por la seguridad “sin interferir demasiado en la libertad de reunión” y de manifestación.

La “Ley Mordaza” del Partido Popular fomenta atentar contra derechos y libertades democráticos, encorsetados en procedimientos sancionadores para impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político. La democracia es expresión y la seguridad, protección de libertades públicas, no cercenamiento. Esta Ley crea un estado policial, controlador y limitador de libertades públicas, inadmisible en un país democrático.

Izquierda Unida, en conclusión, considera combatir los delitos de forma integral, con educación, promoviendo una vida digna con unas instituciones que trabajen en la prevención, no en el castigo.

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